La diputada provincial Amalia Granata presentó un proyecto de comunicación que busca arrojar luz sobre una polémica situación ocurrida en el sistema penitenciario santafesino. El documento, ingresado en la Cámara de Diputados, solicita al Poder Ejecutivo información precisa y detallada respecto a un presunto sketch o simulacro protagonizado por personas privadas de la libertad durante la inauguración de nuevas instalaciones carcelarias.
El origen del pedido tiene como punto de partida una publicación difundida en redes sociales y medios digitales, que menciona la realización de un montaje escénico con detenidos durante un acto oficial en la Unidad Penitenciaria N.º 10 de Santa Felicia, en el departamento Vera. En este evento —que habría contado con la presencia de autoridades— un grupo de internos habría participado en una especie de desfile o dramatización, presuntamente con fines propagandísticos.
¿Qué se está investigando?
El proyecto de comunicación solicita esclarecer si efectivamente se llevó a cabo este tipo de actividad y, en caso afirmativo, exige conocer:
-Cuándo y dónde ocurrió.
-Qué autoridad organizó el evento.
-Cuáles eran los objetivos de la puesta en escena.
-Qué internos participaron, bajo qué condiciones y si contaban con la debida autorización judicial o administrativa.
-Qué funcionarios asistieron y si hubo registro audiovisual del acto, así como su posterior uso en redes o campañas de comunicación.
En caso de que no se haya realizado ninguna actividad de estas características, la diputada exige saber si se han iniciado investigaciones administrativas para determinar la veracidad de la información difundida públicamente.
El trasfondo político e institucional
Los fundamentos del proyecto expresan una clara preocupación por el uso simbólico y mediático de personas privadas de la libertad en actos públicos. Amalia Granata alerta sobre la posibilidad de que se hayan vulnerado derechos humanos básicos, y advierte que estas puestas en escena podrían no ser hechos aislados. De hecho, menciona un antecedente similar ocurrido en diciembre de 2024, durante la inauguración de la Unidad Penitenciaria N.º 36.
Este tipo de prácticas, de confirmarse, no sólo serían éticamente cuestionables, sino que representarían un serio retroceso en términos de respeto institucional y derechos carcelarios. La diputada señala que este uso de los internos con fines propagandísticos desacredita cualquier política penitenciaria seria y expone a los detenidos a situaciones indignas.
Un debate necesario
El proyecto de comunicación presentado no acusa directamente a funcionarios, pero exige respuestas claras y verificables. En el centro del planteo se encuentra la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión pública y el respeto irrestricto por los derechos de todas las personas, incluso aquellas privadas de su libertad.
Lejos de tratarse de una simple formalidad legislativa, el texto impulsado por Amalia Granata abre la puerta a un debate profundo sobre el límite entre la comunicación institucional y la instrumentalización de poblaciones vulnerables. El planteo interpela tanto al gobierno como a la sociedad civil: ¿hasta dónde puede llegar el afán de mostrar gestión?, ¿qué rol cumplen los medios y las redes en la reproducción de estas escenas?, ¿se está priorizando la imagen sobre la dignidad humana?
En tiempos donde la comunicación política se juega también en escenarios simbólicos, esta solicitud legislativa busca despejar dudas y evitar que se repitan acciones que, en nombre de lo institucional, puedan terminar atentando contra los principios más básicos del Estado de derecho.
Autora del proyecto: Diputada Amalia Granata
Expediente N: 56471-25
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe
Año 2025
Por:
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AMALIA GRANATA
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